El derecho a la propiedad privada

Liberar la economía, devolver al cubano de a pie la capacidad para elevar su prosperidad individual como fuente de la riqueza colectiva, es la vía hacia la democracia. El brutal bloqueo a la democracia comienza con la persecución económica que genera dependencia absoluta del estado y sus dictámenes viola los derechos más elementales del hombre. El artículo 17° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Y la Constitución cubana de 1940 afirma en su artículo 87°:

El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la Ley.

Pero la revolución desde sus inicios restringió estos derechos con leyes asfixiantes más tarde consagradas en la constitución socialista que establece:

Artículo 14°

En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre.

Artículo 21°:

Asimismo se garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar, los que no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.

¿De que vale el derecho ciudadano de poseer medios e instrumentos de trabajo si a la vez se le priva de su derecho a emplearlos en una actividad productiva o comercial? Negarte el derecho al fruto de tu trabajo es negarte también el derecho a decidir sobre tu propiedad, tu creatividad, tu persona. Un ejercicio represivo esencial para bloquear abiertamente tus preferencias, habilidades y planes individuales. Es el medio para lograr tu dependencia absoluta del estado.

Cuba ocupa hoy el lugar 156 en lo que a libertad económica se refiere, sólo superado por Corea del Norte. Un lugar muy bien ganado, después de las tímidas concesiones a la libre empresa que en los años 90 se conoció como “cuentapropismo”. Frente a un mercado estatal incapaz de brindar servicios tan elementales como afilar unas tijeras, el gobierno otorgó a regañadientes algo más de 160,000 licencias para actividades económicas independientes, regidas por la oferta y la demanda… y por decenas de regulaciones para impedir que proliferara más allá de lo imprescindible.

Los frutos no se hicieron esperar: pese a las altas tasas impositivas aumentó la producción, el pueblo tuvo acceso a productos por mucho tiempo perdidos y floreció la economía individual. El ingreso del trabajador privado se elevó muy por encima de lo que ofrecía el estado. Y el consumo de la población también.

No tardó la comunidad internacional, siempre dispuesta a aplaudir el castrismo, en hacerse eco de estas aperturas económicas. Pero la alegría duró menos que un merengue en la puerta de una escuela. El cuentapropismo llevaba en su interior el germen de su destrucción: la adquisición de materiales para la producción que sólo podían obtenerse a precios astronómicos en las tiendas en divisas o en el mercado negro, tolerado pero estrechamente vigilado para ajustar las cuentas en el momento adecuado.

Y el régimen supo aprovechar muy bien esta debilidad cuando, aterrado, comprendió que comenzaba a perder el control sobre sus súbditos. Pese a que la mayoría de los cuentapropistas sólo obtenían el dinero imprescindible para llevar una vida decorosa, comer todos los días, vestir a sus hijos y tomarse de vez en cuando una cerveza, la aplicación del Decreto-Ley 149, sobre el "enriquecimiento ilícito" que legaliza las dudas sobre la legitimidad de los bienes en poder de cualquier ciudadano dejando un amplio margen a la arbitrariedad aniquiló prácticamente la endeble estructura empresarial. No era difícil enjuiciar a un carpintero incapaz de justificar de donde sacó la madera o a un vendedor de pirulíes que no podía documentar la fuente del azúcar empleado en su producción. Una severa multa de hasta 1,200 pesos y el retiro de la licencia ocupacional fueron suficientes en algunos casos. El decomiso de bienes y la cárcel fue necesario en otros: 373 autos, 166 motocicletas, 92 camiones, 270 viviendas, 71 tractores y 9 embarcaciones fueron confiscadas a sus “ricos” dueños.

A la cancelación de los permisos otorgados a taxistas particulares, vendedores de flores y alimentos elaborados siguió la suspensión de nuevos permisos a actividades tan peligrosas como payasos, magos, vendedores de periódicos, masajistas, herreros, hojalateros. Los pequeños campesinos fueron hostigados con fuertes multas por causas tan insólitas como tener matas de plátano con hojas secas, arar con las yuntas de bueyes de un vecino o contratar fuerza de trabajo. Todos los puntos urbanos donde se vendían productos agrícolas fueron clausurados.

Hoy, ante la realidad de un país que importa el 80% de los alimentos mientras más del 60% del area cultivable permanece subutilizada o abandonada en fincas estatales y cooperativas; la falta de liquidez obliga al gobierno a ofrecer tierras en usufructo quien desee cultivarla con la esperanza de incentivar la producción de alimentos y reducir las importaciones mientras ofrece a los inversionistas extranjeros oportunidades únicas para la explotación a muy corto plazo de nuestros recursos nacionales, en particular los humanos.

Los resultados han sido casi nulos. No sólo porque cosechar un sembradío requiere tiempo o por las dificultades para adquirir herramientas y semillas, comercializar las cosechas y hasta conseguir ropa apropiada de trabajo. El fracaso se debe, sobre todo, a que el pueblo ya no cree en las trampas del régimen. El ciudadano común sabe que su trabajo será estrictamente regulado por un gobierno que dictará lo que debe cultivar, cuanto puede producir, le comprará la cosecha y luego no le pagará como es costumbre. Y el peligro mayor: una vez puesta en producción, puede ser incautada por el estado bajo sospecha de enriquecimiento ilícito.

El comunismo sólo crea miseria, porque el hombre no puede crear con las manos atadas y privarle de su derecho al libre comercio para mantener el control totalitario sólo conduce a la pobreza colectiva.

Independencia financiera significa libertad de acción y decisión. Y esos son derechos fundamentales de cualquier ser humano, en cualquier lugar del mundo. La justicia social no puede tomarse como pretexto para abolir la propiedad.

Es hora ya de reclamar y ejercer el derecho a invertir en nuestra Patria y desarrollar en ella la iniciativa privada. Es hora de liberar la economía en beneficio del pueblo.

Una demanda justa y viable de esa sociedad civil que emerge con fuerza entre errores y victorias obligando al régimen a adoptar medidas impensables en otras épocas como la legalización del dólar que ya circulaba en la economía subterránea. La presión ciudadana ha establecido una dinámica interna que los obliga a legalizar las realidades ya existentes. Como señala Yoani Sánchez en su blog, la no aplicación de una resolución que impedía a los nacionales conectarse a Internet en los hoteles demuestran la efectividad de esa sociedad civil cuando ejerce sus derechos.

Hoy irrumpe en la realidad la fuerza del periodismo independiente y la blogosfera que han logrado comunicar a los cubanos dispersos por todo el mundo con sus hermanos de la isla. La liberación de Gorki Águila un año atrás y más recientemente del director del diario digital Candonga, Yosvani Anzardo y del pintoresco Pánfilo fueron, no hay dudas, resultado de la solidaridad internacional.

Por eso estoy segura que entre todos, podremos lograr la libertad económica del pueblo cubano y su derecho al desarrollo de todas sus capacidades.

Basta de represión económica para el cubano mientras se vende la patria al extranjero.

Exigimos la derogación inmediata del decreto-ley 149 contra el “enriquecimiento ilícito" que sólo conduce a la pobreza y el fracaso.